Responsabilidad penal del menor

Debe de primar el superior interés del menor, sin perjuicio de adecuar la aplicación de las medidas a principios garantistas generales tan indiscutibles como el principio acusatorio, el principio de defensa o el principio de presunción de inocencia. Algunas de nuestras acciones serían:
Asesoramiento inicial

• Explicar al menor y a sus tutores legales (padres o responsables) los derechos y obligaciones que tiene en el proceso penal.
• Informar sobre las posibles consecuencias legales de los hechos y las alternativas que ofrece la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor (LORPM) en España.

Garantizar la defensa legal del menor

• Actuar como representante legal del menor durante todo el proceso judicial.
• Velar por el respeto a los principios fundamentales del proceso penal juvenil, como el derecho a ser escuchado, el derecho a la privacidad y la proporcionalidad de las sanciones.

Participación en la fase de instrucción

• Acompañar al menor en su declaración ante la policía, el fiscal de menores o el juez.
• Examinar y, si es necesario, impugnar las medidas cautelares propuestas, como internamientos provisionales o medidas restrictivas.

Intervención en el juicio

• Preparar la defensa, incluyendo la recopilación de pruebas, testimonios y peritajes que puedan favorecer al menor.
• Argumentar en juicio para asegurar que se consideren las circunstancias específicas del menor, como su entorno familiar, social y educativo.

Propuesta de medidas educativas y de reintegración

• Sugerir medidas alternativas al internamiento, como programas educativos, comunitarios o terapéuticos, si es compatible con la gravedad de los hechos y el interés del menor.
• Defender un enfoque de reintegración, priorizando la educación y la responsabilidad del menor por encima de la mera sanción.

Mediación y resolución extrajudicial

• Explorar posibilidades de mediación con las víctimas o acuerdos de reparación que eviten la judicialización completa del caso, cuando proceda.
• Facilitar la comunicación entre las partes para llegar a soluciones reparadoras y menos lesivas para el menor.

Acompañamiento en la ejecución de las medidas

• Supervisar que las medidas impuestas (como libertad vigilada, internamiento en centro de menores o servicios a la comunidad) se cumplan respetando los derechos del menor.
• Intervenir en casos de incumplimiento o solicitar revisiones de las medidas si las circunstancias del menor cambian.

Protección de los intereses del menor

• Velar por que las medidas adoptadas estén siempre alineadas con el interés superior del menor, su desarrollo personal y su reintegración social.
• Garantizar que el menor reciba un trato diferenciado del de los adultos en todo momento, evitando estigmatizaciones o vulneraciones de sus derechos.

Defensa de garantías procesales específicas

• Impugnar actuaciones irregulares, como interrogatorios realizados sin la presencia de un abogado o tutor legal.
• Exigir que el lenguaje utilizado en el proceso sea comprensible para el menor.